Chile es uno de los países más vulnerables a los impactos del cambio climático dada su diversidad geográfica y climática. Algunas de las consecuencias pueden reflejarse en el constante aumento de la sequía, la grave escasez hídrica, los incendios forestales, entre otros.

En cuanto a la escasez hídrica que afecta actualmente a Chile, uno de los casos más graves corresponde al de la provincia de Petorca, cuya principal actividad productiva es la agricultura y exportación de paltas (aguacates) y limones. Dada la importancia del uso del agua de la zona para las actividades agrícolas, los habitantes del lugar recibían el agua potable mediante camiones aljibes, pero sin tener la certeza del día ni la cantidad de agua definida a entregar. Tal problema se arrastró por varios años, hasta que en 2020, cuando se le declaró zona de catástrofe por escasez hídrica, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) dedujo una acción constitucional con el fin de garantizar un mínimo de 100 litros de agua diaria por persona a los habitantes de dicha provincia. La acción, principalmente, cuestionaba la inactividad de las autoridades sanitarias de la región de adoptar todas las medidas necesarias para proveer de agua potable en cantidad suficiente a los habitantes de la zona, para efectos de que no se vean vulnerados en sus derechos fundamentales, como lo eran la dignidad, la salud y la higiene.

Fue así como, en 2021, la Corte Suprema (Rol 131.140-2020) estableció que las instituciones deben asegurar a las comunidades un abastecimiento de agua potable no inferior a 100 litros por persona, ello en virtud de que “toda persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación; derecho que posee, como correlato, el deber del Estado de garantizar el acceso en las mencionadas condiciones” (considerando décimo tercero).

Por su parte, en el contexto de los incendios forestales que afectan constantemente al país, el promedio de ocurrencia en el periodo entre 2018 y 2022 fue cercano a 7.095 incendios, contexto en el que la superficie afectada ha alcanzado las 76.573 hectáreas cada temporada. Tal como lo ha mencionado el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 el cambio climático, la creciente área de interfaz urbano-rural, el auge de plantaciones forestales de especies altamente inflamables, y -sin dejar de lado- la actividad humana, son factores que inciden en la magnitud de los incendios. Como puede apreciarse, los efectos son diversos, pues pueden alcanzar desde el medio ambiente, la flora y fauna, la economía, hasta en las personas que sufren los impactos tanto físicos como psicológicos de estas catástrofes.

Resulta importante destacar que, frente a estos tipos de catástrofes, una gran parte del catálogo de derechos humanos -reconocidos internacionalmente- pueden verse vulnerados, por ejemplo, el derecho a la salud en el caso de la escasez hídrica, el derecho de propiedad en el caso de los incendios forestales, la afectación de ciertos derechos civiles como lo es la libertad de desplazamiento en caso de establecerse estados de excepción, y así sucesivamente.

A pesar de que la responsabilidad de garantía de los derechos humanos, de establecer mecanismos de prevención y mitigación de vulneraciones, recae, en primer lugar, en cada Estado, no todos poseen un marco regulatorio que comprenda un acabado sistema de protección que considere a las víctimas, que integre a los grupos más discriminados o que establezca la responsabilidad del sector empresarial privado. En este sentido, es clave el rol de la comunidad internacional y sus órganos, para poder enriquecer el foco de derechos humanos, estableciendo directrices, obligaciones y principios. Un claro ejemplo de ello, lo constituye la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en su rol de emisión de opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas que le sometan los sujetos de la comunidad internacional.